Madrid.- El 28 de octubre de 2008 quedó formalmente roto el pacto entre el Partido Popular y Unión del Pueblo Navarro, firmado en 1991 como resultado de un largo proceso de unidad del centro derecha en la Comunidad Foral. Esa ruptura obligó al PP a un proceso de refundación en Navarra, al frente del cual ha estado el senador popular José Ignacio Palacios, y que concluirá en las próximas semanas con un congreso constituyente.
Palacios fue concejal en el Ayuntamiento de Pamplona (1983-1991), parlamentario foral en cuatro legislaturas (las de 1991 a 2003) y consejero del Gobierno de Navarra (1996-2006) en dos carteras: Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, y Bienestar Social, Deporte y Juventud. Esa amplia experiencia en primera línea de la política navarra ha quedado plasmada en la obra que acaba de publicar, La ruptura inducida.
En ella explica el nacimiento de Alianza Popular en Navarra y las distintas posturas y sensibilidades del centro derecha ante la existencia de un partido nacional o uno regional. Cuenta cómo surgió UPN, las relaciones entre ambas fuerzas durante los años de oposición, y la gestación del acuerdo con el PP, que les llevó al poder. La fortaleza de esa opción salvaguardó Navarra de los repetidos asaltos del nacionalismo vasco, y recogió un mayoritario respaldo en las urnas. Pero cuando, tras las elecciones forales de 2007, los socialistas trabajaron para el divorcio entre UPN y PP, encontraron sorprendentes colaboraciones.
La ruptura inducida recoge esa historia desde los primeros años de la Transición y aporta los nombres y apellidos de quienes, por intereses personales, entorpecieron el acuerdo y condujeron al desacuerdo.
Esta obra, decisiva para entender la política navarra del último cuarto de siglo, adquiere asimismo una dimensión nacional, avalada por el prólogo de Mariano Rajoy. No sólo por la trascendencia para España de cuanto sucede en la Comunidad Foral, sino porque, como se ha visto después por el comportamiento de UPN en el Congreso de los Diputados, la “ruptura inducida” ha tenido un principal beneficiario: el Gobierno socialista.